- "Acá se formó la ANR sin ningún objetivo específico, como un ente coordinador integrado por los propios rectores, algo que terminó convirtiéndose en un club de amigos que no supervisaba nada porque era juez y parte"
LA REPÚBLICA/Enrique Patriau. Minutos antes de empezar la entrevista con el congresista Daniel Mora, este recibió una llamada telefónica. Era el presidente Ollanta Humala Tasso. "Me dijo que me felicitaba por la tenacidad mostrada en la Comisión de Educación". Según Mora, esta es una demostración inequívoca de que el Ejecutivo se comerá el pleito y que respaldará a la Ley Universitaria aprobada la semana pasada en el Pleno.
El legislador de Perú Posible responde a los más importantes reparos que existen sobre la norma. Niega que la creación de una superintendencia implique una amenaza estatista. Además, señala que el "lucro desmedido" es lo peor que le pudo ocurrir a la universidad peruana. Si ya recibió una llamada del propio presidente Humala, significa que existe decisión política desde el gobierno para implementar la nueva Ley Universitaria...
Para que esta ley tenga éxito se necesita de decisión política porque se requiere inversión, pública pero también privada. Los privados han protestado porque saben que van a tener que gastar, van a tener que pagarles mejor a sus docentes, tener un 25% de profesores a tiempo completo. A un profesor con doctorado en Oxford no le vas a pagar una miseria, pues...
¿Con esta nueva ley, las universidades van a ganar menos dinero?
Es evidente, sus utilidades van a bajar, aunque le aseguro que no van a perder. Pero es que es inevitable: las universidades necesitan infraestructura académica: laboratorios, bibliotecas. Por eso se va a partir de un nivel básico de calidad y todas van a tener que ser evaluadas. Yo creo que sí, que el Ejecutivo se va a comprar este pleito, que es de mediano y largo plazo. Los resultados los empezaremos a ver en unos 10 años.
¿Qué resultados?
Empezaremos a ver a una clase profesional de mayor calidad, nuestros recursos humanos tendrán otro nivel. Ahora se ha caído el precio de las materias primas, algo que se veía venir, y nuestro crecimiento bajó. ¿Cómo se puede recuperar eso? En el mundo, la educación con calidad contribuye hasta con el 2% del PBI. En el Perú, la mala educación jala hacia abajo, algo gravísimo. ¿Y qué solución se propone? Aumentar el volumen de exportación.
Promover más la inversión minera...
Más minerales. Y seguimos engañados con las piedras. Eso no nos va a llevar al desarrollo jamás, es imposible. ¿Acaso ese ha sido el modelo de Corea? Quizás nuestra desgracia, paradójicamente, ha sido tener materias primas. Un país con recursos humanos importa materias primas, pero les añade valor agregado. Nosotros no somos ni siquiera capaces de industrializar la maca.
El principal cuestionamiento a la ley es la creación de la Superintendencia (SUNEDU). El temor es que se convierta en un instrumento político para violentar la autonomía universitaria. ¿Niega esa posibilidad?
La SUNEDU estará adscrita al Ministerio de Educación, pero con total autonomía. El representante del ministerio será el superintendente.
Justamente ese es el temor: que dependerá, en la práctica, del Ejecutivo.
Lo que ocurre es que nunca se ha cumplido el mandato constitucional de que el Estado debe garantizar la calidad de la educación. Y eso no implica ninguna violación de la autonomía universitaria. Acá se formó la Asociación Nacional de Rectores (ANR) sin ningún objetivo específico, como un ente coordinador e integrado por los propios rectores, algo que terminó convirtiéndose en un club de amigos que no supervisaba nada porque era juez y parte. La superintendencia va a tener a un representante del Concytec y otros cinco miembros elegidos por concurso nacional, dos de las universidades públicas, uno de las privadas y dos académicos. ¿Y quién va a evaluar el concurso? El Consejo Nacional de Educación, integrado por las 27 personalidades más grandes del país, y con eso no hay control político posible.
¿No será posible que el superintendente actúe por fuera de lo que determinen los demás miembros del consejo?
No. Las decisiones las adoptará el consejo y el superintendente, que en ningún caso podrá actuar por fuera del Consejo, las ejecutará.
Otra crítica es que la SUNEDU supone la burocratización de la educación universitaria.
¿Qué es más burocrático? ¿No lo es acaso una ANR conformada por 139 rectores?
Usted ha dicho que cuando empiece a funcionar, la SUNEDU tendrá que evaluar a todas las universidades. ¿Cuántas podrían cerrar?
Yo pienso que la SUNEDU va a encontrar muchas deficiencias, pero se va a dar un tiempo a las universidades para solucionarlas y que puedan adaptarse a la nueva norma.
¿Cuánto tiempo se les dará?
Dependerá de la SUNEDU. Actualmente hay 139 universidades, 89 privadas y 50 públicas. De lo que se trata es de realizar una evaluación real, con un estándar mínimo de calidad, y las universidades que quieran sobrevivir lo van a tener que respetar.
¿Y usted cree que todas cumplirán ese estándar?
Ojalá lleguen. Una acreditadora internacional de calidad pide profesores doctores en pregrado. La ley exige requisitos más básicos. La misma acreditación es voluntaria. Una universidad para mantenerse funcionando debe respetar el estándar mínimo, pero si además desea obtener beneficios tributarios, como la eliminación del pago a la renta, deberá acreditar su calidad internacionalmente. Aquellas facultades acreditadas podrán dar títulos a nombre de la Nación.
De acuerdo, pero las universidades públicas no pagan ningún impuesto. ¿Qué incentivo van a recibir para mejorar?
Está la figura de las universidades pilotos, distribuidas en todo el Perú, que deben ser convertidas en universidades top con la inversión del Estado. Son diez, incluida la de La Cantuta, que se creó en 1822 por San Martín como una escuela normal. Cada una presentará su plan de modernización, para que nadie diga que se pretende atropellar su autonomía.
Si algunas universidades llegan a cerrar porque no pasaron la nueva evaluación…
Es casi una certeza de que así ocurrirá. Y otras universidades, se lo adelanto, seguro cerrarán voluntariamente porque ya no van a tener el 30% o 40% de rentabilidad anual de hoy y evaluarán que más les conviene decir adiós.
De acuerdo, ¿y entonces qué pasará con los alumnos?
Por eso el proceso tiene que ser gradual.
¿No hay un cálculo de cuántos alumnos podrían quedarse en el aire?
El cálculo lo tendrá que hacer la SUNEDU. Repito: el proceso debe ser progresivo para no generar un problema social.
La ANR ha adelantado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. ¿Le preocupa?
Esa ha sido siempre su posición y no tengo temor. En la comisión le pedimos una opinión al doctor César Landa, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional y es el actual decano de Derecho de la PUCP, y nos dijo que no se viola ninguna Constitución, ni nada. Lo han dicho otros expertos constitucionales también y académicos respetables.
La ANR va a desaparecer. ¿Y qué va a ocurrir con sus resoluciones? Hace un mes nombró una comisión interventora para la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo. ¿Quedará sin efecto?
Esa comisión interventora debería mantenerse aunque, como sabe usted, no puede ejercer sus funciones. Lo que está pasando en la Universidad Garcilaso es gravísimo, con un rector, el señor Cervantes Liñán, que se burla de todo el mundo, atrincherándose. En todo caso, la SUNEDU podría intervenir en el tema con mayor fuerza.
Un cambio importante es la instauración del voto universal para la elección de autoridades en las universidades públicas…
Que fue a petición de estudiantes y docentes. Tampoco habrá reelección de rectores.
¿No es injusto que una universidad pública no pueda reelegir a un rector que haya hecho una buena labor?
Hay rectores buenos, no digo que no, pero son pocos. Quizás con el tiempo pueda revisarse el tema, pero en el Perú la reelección no funciona muy bien. Hay un dicho, muy antiguo, que dice que todo aquello que se alarga se convierte en culebra. Cuando los rectores se empiezan a reelegir y consideran que la universidad que dirigen es un botín, cuando no rinden cuentas a nadie, cuando hacen lo que quieren con los recursos directamente recaudados por la propia universidad, tenemos un serio problema. Las principales acusaciones en las universidades son por temas de corrupción.
¿La corrupción se combatirá solamente prohibiendo la reelección de los rectores?
La ley contempla toda una organización interna para la rendición de cuentas y, muy importante, hay un artículo específico sobre transparencia. En este país uno no sabe cuánto gana un rector. Es más sencillo saber cuánto gana el rector de Harvard o de Berkeley. Ahora, todos los sueldos se van a publicar. Y se van a conocer los estados financieros.
¿Por qué se eliminó el bachillerato automático?
La idea es que el estudiante desarrolle un trabajo de investigación durante su carrera. Así era antes, todos salíamos con tesis. El trabajo de investigación es la demostración de que un bachiller es capaz de conjugar todos sus conocimientos adquiridos. Hay profesionales que ni siquiera saben elaborar una hipótesis... Es tremendo.
Sin embargo, parece que los estudiantes prefieren el bachillerato automático.
Obviamente, porque es más fácil, pero no es sostenible. Algunas universidades recomendaron que se le llamara Trabajo de Investigación y no Tesis porque suena menos complicado. El objetivo no es torturar al alumno, es volverlo más competente, que investigue.
¿De dónde vino una mayor oposición a la norma, de las universidades privadas o de las públicas?
De las dos, porque muchos no querían perder su coto. Ojo, en la comisión no teníamos ningún proyecto y por eso invitamos a todos para que expongan qué clase de universidad desean, aspiran. Incluso vinieron los empresarios. El gran tema acá es que con los nuevos requisitos de calidad las utilidades van a disminuir y no quieren invertir más dinero.
Dígame, con esta ley, ¿no existe el riesgo de que una buena universidad tenga que verse obligada a cerrar?
No, las buenas universidades no van a tener problemas. ¿La Universidad de Lima, la PUCP u otra similar tendrán complicaciones? No lo creo. Quienes sí se preocupan son todos los que no están haciendo las cosas bien. ¿Por qué habría que temer a la calidad de la educación? Tendría que ser al revés, ¿no lo cree?
Lo decía por el tema de los beneficios. Usted ha admitido que con esta ley las universidades ganarán menos dinero.
Si obtienes beneficios del Estado, como el no pago de impuestos, lo más justo es pedir una contraprestación: calidad. Eso es todo. Las universidades que surgieron en los últimos años, la mayoría, básicamente buscan el lucro.
Tampoco van a operar a pérdida, ¿no?
Yo entiendo que el lucro es importante, pero la rentabilidad subió de una manera astronómica y la educación superior en el Perú se volvió un bien de consumo y el estudiante se convirtió en un cliente, en una mercancía. ¿Qué quiere un alumno? El título, a como dé lugar. Y como la demanda aumentó, las universidades empezaron a imaginar fórmulas para sacar profesionales más rápidamente.
Hay quienes dicen que no es necesaria una nueva ley. Defienden la idea de que el alumno tiene el derecho a decidir en un contexto de libre competencia.
El mercado no puede hacerlo todo, menos en educación, en justicia, en salud ni en seguridad ciudadana. Esos son bienes sociales que no entran en el juego de la oferta y la demanda. ¿O acaso las universidades malas salieron del mercado? ¿El mercado depuró? No. Al contrario. Las universidades malas se quedaron y, para captar más gente, bajaron sus precios. ‘Paga dos mil soles y en tres años te van a llamar ingeniero, doctor’, te dicen. Se lo aseguro: el mercado no va a eliminar nunca a esas malas universidades, nunca. Lo único que puede sacar a las malas universidades es la calidad. Nada más.
¿Se convirtió la educación universitaria en una mercancía?
Sí. Es que se hizo muy rentable. Más rentable que la pesca, que la construcción. Y por eso el Grupo El Comercio también se interesa, y el Banco Interbank paga 130 millones de dólares por el 50% de las acciones de una universidad y, encima, adquiere 19 colegios privados. La educación peruana se convirtió en el gran negocio. La despreocupación del Estado, que renunció a su papel rector, y el lucro desmedido, son lo peor que le pudo haber pasado a la universidad peruana, creo que son sus dos grandes daños. La universidad debe preocuparse por la calidad de los profesionales que le deja al país. Lamentablemente hoy en día no le interesa mucho eso.
“EN ESTE PROCESO ME HAN LLAMADO CHAVISTA, VELASQUISTA Y PINOCHETISTA”
¿Cuánto tiempo se estuvo discutiendo la ley en el Congreso?
Dos años en este Congreso, aunque desde hace doce años viene intentándose aprobar una nueva ley, pero siempre había terminado archivándose, creo que por presión de lobbies. Hace poco encontré una propuesta del fujimorismo, del 2010, para crear una superintendencia a iniciativa de la ex congresista Martha Moyano, suscrita por Cecilia Chacón, Luisa María Cuculiza, entre otros. Fue archivada en la Comisión de Descentralización.
¿Qué fue lo más complicado para aprobar la ley?
Vencer las fuerzas internas.
¿A sus colegas?
Así es. Tiene a los Acuña, a Luis Iberico, que ha trabajado en la Universidad César Vallejo, y que es mi amigo, pero que tiene un evidente conflicto de intereses. Y no se olvide del señor José Luna, dueño de Telesup, o del señor José Elías, dueño de la universidad privada San Juan Bautista. Todos se movían para entorpecer todo.
¿Cómo?
Dilataban las sesiones. Solamente la santa paciencia podía hacer que se llevara la fiesta en paz. O cuando ya estábamos en la parte final presentaban proyectos enormes. Y yo, como soy nuevo, a veces aceptaba de buena fe algunas cosas, como discutir artículo por artículo la ley. Solamente el artículo referido a los estudiantes, que tiene cinco puntos, demoró dos meses. Y no podíamos salir. Era desesperante. Felizmente hubo congresistas que se fajaron. Vicente Zeballos, de Solidaridad Nacional, es uno... a pesar de que su bancada pensaba en contrario, porque comparte partido con los Acuña.
La ANR también presionó mucho...
Evidentemente. La ANR sacó más de 50 comunicados, y con ataques personales. Quisieron desprestigiar a la ley haciendo hincapié en mi origen militar, diciendo que no conocía la vida universitaria, cuando bien sabían que fui profesor casi por 20 años en la Universidad de Lima. En este proceso he pasado por todo el espectro de izquierda a derecha: me han llamado chavista, velasquista, pinochetista. En San Marcos me decían ‘Morachet’, me ponían pancartas.
¿Nunca exigió que las retiren?
Querían minar mi moral con esas cosas. Una vez llegó acá el rector de San Marcos, Pedro Cotillo, para agradecerme porque había contribuido a recuperar un terreno para la universidad. Entonces me preguntó qué deseaba y lo único que le pedí fue que esa pancarta en donde yo aparecía con uniforme, una esvástica y bigotitos la estiraran bien porque estaba toda doblada. Se rió y entendió el mensaje porque la sacaron al día siguiente. Claro, pasaron los días y la colgaron de nuevo.
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